¿Cuáles son los 7 vacíos de la Ley de Extinción de Dominio?

La Ley Nacional de Extinción de Dominio ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ya se encuentra en vigor. Sin embargo, diversas voces de abogados, académicos, representantes del sector privado y hasta integrantes del Congreso de la Unión señalan que tal como quedó la legislación, constituyen diversas preocupaciones que podrían recaer en actos ilegales o que conlleven cierta complicidad para imputar de manera falta y obtener algún beneficio económico.

En contexto, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que sean objeto o producto de ilícitos como delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo) y petroquímicos, delitos contra la salud y trata de personas.

A continuación, En Concreto te presenta diversos vacíos de la Ley que podrían afectar al sector inmobiliario.

  1. El denunciante ganaría hasta 5% de un bien denunciado. En un párrafo del artículo 16 de esta Ley, se establece que las personas que contribuyan de “manera eficaz o que en forma efectiva” contribuya a la obtención de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio, podrá recibir una retribución de hasta 5% del producto que el Estado obtenga por liquidación y venta de tales bienes.
  2. Venta apresurada de un bien en investigación. El artículo 227 establece que las autoridades podrán proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de investigación, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba e imposibiliten su destino. Con ello, “el Estado tendría una carta abierta para disponer de los bienes de una persona incluso sin que exista sentencia firme (…) Esto podría ser discrecional”, advirtió Tatiana Clouthier en junio pasado, durante una sesión extraordinaria en San Lázaro.
  3. El Estado tendría “socios” para la extinción de dominio. El mismo artículo 16, empoderaría a terceros para beneficiarse de la extinción. “Este artículo atenta contra la naturaleza propia de la extinción, ya que debe prevalecer el interés público sobre el particular y solo el Estado debe ser beneficiado dijo la diputada Lorena Villavicencio.
  4. El Ejecutivo determinará qué dependencias se verían “beneficiadas” con los embargos. Los bienes podrán disponerse en favor de las dependencias del Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales y municipios, según lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, sin embargo, esta figura ha sido motivo de señalamiento por ser laxa, lo que podría derivar en el uso discrecional de recursos.
  5. Los dueños inocentes serían despojados si inquilinos incurren en delitos. Los dueños de inmuebles corren el riesgo de perder su propiedad si se comete un delito dentro de ésta o si el crimen la usa como guarida. En ese sentido, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga alertó que cualquier dueño de inmueble corre el riesgo de perder su propiedad, luego de la entrada en vigor de la Ley.
  6. El no pago de impuestos sería penado con pérdida de inmueble. A ese respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó a través de un comunicado que al clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, podrá derivar en que contribuyentes que, «sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente (…) (y debido) a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática».
  7. La ley inhibiría la inversión. El empresario Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dijo que lo preocupante de la Ley es que pueda utilizarse en contra de personas que realizan transacciones legítimas y la incluyó entre las leyes y acciones que pueden inhibir la inversión.

Finalmente, la bancada del PAN en el Senado, Marcelo Torres Coufiño afirmó que su partido impulsará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

«Aparentemente era una buena propuesta. La idea, la intención, es correcta, sin embargo, esta nueva ley, no me queda ninguna duda, viola es la presunción de inocencia y el debido proceso», dijo el exlíder nacional panista.

Finalmente, en ese mismo sentido, Mariano Calderón, experto constitucionalista de la firma legal Santamarina + Steta, consideró que la Ley viola la presunción de inocencia. «Esta Ley establece el presupuesto indispensable de que haya existido un hecho ilícito, pero tiene un punto que es una abierta violación a dos principios fundamentales de libertad que consagra la Constitución: el de presunción de inocencia y el derecho fundamental a la propiedad».

Mario Vázquezhttps://grupoenconcreto.com.mx/
Reportero de Grupo En Concreto especializado en el sector Real Estate, Smart Cities, Urbanismo y Hábitat. Estudió la Carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la FES Acatlán, y Literatura en la Escuela de Escritores de la SOGEM.

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